Baltar se va....colocando a los suyos

En su mayoría del PP, o vinculados a cargos. Uno de ellos, el hijo del portavoz del grupo popular en la institución a quien correspondía, por el cauce natural, la sucesión a la presidencia de la Diputación, Plácido Álvarez. Pero este se autodescartó después de que hubiera hecho otro tanto el vicepresidente y secretario del PP provincial, Rosendo Fernández.
Además del hijo del portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, también consiguió el aprobado una persona del entorno del presidente del Inorde, el alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto.
Mientras ese viernes, día 27 de enero, Baltar se inmortalizaba en fotografías con sus empleados, con sus diputados, con los diputados de la oposición, con los periodistas y con los espontáneos que se lo requirieron, la maquinaria institucional seguía su curso y declaraba a 7 personas aprobadas para ocupar otras tantas plazas de auxiliares administrativos en la sobresaturada Diputación que en breve administrará su hijo.
Además de los dos mencionados, entre los auxiliares que acceden al organismo provincial con plaza en propiedad figura una hermana del hombre fuerte del baltarismo en Valdeorras, dueño de una cadena de pescaderías, militante sin cargo pero —según confirman fuentes del propio partido— el verdadero poder del PP en la sombra en la comarca. También consiguió superar al resto de aspirantes a uno de esos puestos de auxiliar la hija del alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño y otros vástagos de cargos del PP.
Y junto a los 7 nuevos auxiliares administrativos accedieron, también como funcionarias, tres nuevas limpiadoras, alguna con vinculación no ya al partido, sino al entorno personal del exbarón.
Las nuevas contrataciones aparecen publicadas desde ayer, lunes, en la página web de la institución provincial y son los flecos del largo proceso opositor abierto por Baltar del PP antes de las pasadas elecciones municipales.
Un proceso al que se presentaron numerosos descendientes de alcaldes y concejales del PP en la provincia y el motor que puso en marcha, con más fuerza que nunca —a la vista de los resultados electorales: el PP se superó a sí mismo y arrebató alcaldías emblemáticas al PSOE— la maquinaria de hacer votos del baltarismo.
José Eugenio Galindo, miembro del equipo jurídico de la institución y que trabaja en este departamento recientemente junto a su hija, que también aprobó una oposición, firma, con fecha de ayer, la remesa de los últimos aprobados de la primera era del baltarismo, aunque todavía queda abierto ese proceso opositor por el que accederán 10 personas más a la Diputación.
ELPAIS

Los municipios del PP acaparan las ayudas para empleo:algunos con los mismos alcaldes desde la Dictadura

Cuando aprieta la necesidad y los ayuntamientos apenas tienen una obra a la que colgarle el cartel de "municipal" y ofrecer un puñado de empleos, la Xunta favorece a los gobiernos de su color político. Lo evidencia el reparto de los fondos (82 millones de euros en dos años) para los programas de cooperación que recibió del Estado bajo el epígrafe genérico de Programas de adquisición de experiencia laboral durante los años 2009 y 2010. De los datos publicados por la Consellería de Traballo en el Diario Oficial de Galicia el pasado diciembre, se desprende que el Gobierno gallego ha eludido aplicar en un 96% el criterio de distribución que rige, en términos generales, para el reparto de este dinero: el número de parados. El alto porcentaje de incumplimiento del teórico criterio de distribución se hace más llamativo si se tiene en cuenta que durante los mandatos de Manuel Fraga en la Xunta, el PP incumplía igualmente, pero en un 36%, el espíritu de la orden, favoreciendo a los suyos, como también lo incumplió el bipartito, aunque en este caso en menos del 10%, arrimando el dinero hacia sus gobiernos.

Los fondos de cooperación bajaron en un 21% entre 2009 y 2010

Los expertos reconocen que las comunidades autónomas pueden "matizar el criterio" por el que se concede el dinero "aunque dentro de lo razonable". Y consideran razonable la selección atendiendo al número de población. La orden ministerial y la de la Xunta dejan claro que las comunidades podrán destinar los fondos a "acciones incluidas en cualquiera de los programas de fomento del empleo y formación profesional para el empleo de acuerdo a sus necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender". Y precisa que podrán "ordenar y redistribuir" según esas necesidades de gestión y en función de las especificidades de los colectivos a atender, "las cantidades inicialmente asignadas" en estos programas. Las ayudas merman. Galicia recibió en 2009 48,7 millones de euros para destinar a cualquiera de los programas de fomento y formación de empleo. En 2010, la cifra bajó a 38,3 millones, un 21% menos.
Los socialistas denunciaron a comienzos de 2009 el "sectarismo" en el reparto de estos fondos. Alcaldes del PSdeG entregaron entonces un escrito a Feijóo denunciando "arbitrariedad yl sectarismo" en el reparto de los fondos y reclamaron a Traballo que corrigiese esa situación. Los socialistas alertaron entonces de que la mayor parte de los municipios vieron reducidas las aportaciones a menos del 10% de lo que recibían en años anteriores, mientras que en otros "desaparecieron por completo", como en los ourensanos de Carballeda de Avia y A Rúa.

El 'castigo' a las grandes ciudades

La Xunta distribuyó 48 millones de euros en 2009 para los programas de formación de empleo entre los ayuntamientos. Las grandes ciudades, gobernadas en ese momento por PSOE o BNG (o coaliciones de ambos) recibieron cantidades alejadas de lo que les correspondería teniendo en cuenta su gran concentración de parados.
En 2009, A Coruña recibió 16 millones de euros de la Xunta, pero el paro registrado era de 82.945 personas, con lo que la inversión del Gobierno gallego fue de 252 euros por cada uno de los parados. Durante tres años de Gobierno presidido por Fraga, esta ciudad recibió 42,8 millones; durante los tres de Touriño, 43, 1 y en los dos computados estadísticamente del Gobierno de Feijóo 29,2 euros.
En el mismo 2009, Lugo, con 19.185 parados, recibió poco más de ocho millones de euros: 517 por parado. Los últimos tres años de Gobierno de Fraga recibió 22,3 millones de euros; los tres del bipartito presidido por Touriño, 23,6 y los dos de Feijóo, 16,1 millones.
Pontevedra, con un paro registrado de 80.710 personas, recibió 15,5 millones (253 euros por cada desempleado). En este caso, la inversión del Gobierno de Feijóo también es a la baja. Pontevedra obtuvo 32,8 millones durante tres mandatos de Fraga; 39,7 de tres de Touriño y 25,3 de los de Feijóo. Ourense, que en 2009 tenía 23.421 personas en el paro, recibió 8,5 millones para el desarrollo de estos programas (450 euros por parado). Con Fraga recibió 22,7 millones, 24,3 con Touriño y 16,2 con Feijóo.
El pais

Autónomos que enseñan oficios en FP cobran hasta 6.000 euros al mes

Un fontanero -elegido a dedo- por el director -elegido a dedo- de un centro integrado de Formación Profesional (FP) de Galicia cobra 49,50 euros por cada hora de clase práctica que impate a lo largo de un curso de 730 horas de duración. La Xunta, a través de la Consellería de Traballo, paga salarios similares al de este fontanero a otro personal "experto" que foma a los alumnos con vistas a su inserción laboral en diversos oficios. Sueldos que superan los 6.600 euros mensuales que cobran algunos de los autónomos contratados como docentes.

Los profesionales (fontaneros, torneros, carpinteros, electricistas, calefactores) que se convierten en profesores de FP de estos centros integrados para la inserción laboral de los alumnos, cobran sueldos muy superiores a los docentes de carrera a quienes ahora comienzan a desplazar: empezaron a ganar sentencias que los convierten en personal laboral indefinido discontinuo. Los "expertos" perciben sus salarios por sus clases al mismo tiempo que mantienen la actividad de sus negocios particulares, en su mayoría como autónomos. El material que utilizan para las clases corre a cuenta del centro público.
La situación pervive desde 2004 cuando el entonces presidente Manuel Fraga firmó la orden por la que se cerraba a los docentes de carrera la posibilidad de impartir estos cursos. Pero, además, la estructura de los centros integrados de FP dependientes de la Consellería de Traballo los aboca a funcionar en la práctica "como empresas privadas". Los funcionarios de carrera ven cómo los expertos de oficios ganan terreno (un docente en el mismo centro con 24 años de servicio no llega a los 2.000 euros mensuales) y los van desplazando en la representación de los institutos. En el Santa María de Europa, de Ourense, el más grande de los centros ocupacionales de Galicia, la proporción llegó a ser de 22 "expertos" frente a tres funcionarios. En este momento -tras acumularse bajas que no se amortizaron- quedan ocho "expertos" frente a tres funcionarios de carrera.
Los centros integrados de FP no tienen consejo escolar. En su lugar, un consejo social -integrado por el director "designado a dedo por la Xunta", sindicatos y patronal- elige a los especialistas contratados. Los sindicatos aseguran que denunciaron "en su momento" esta "alarmante ausencia democrática", pero sostienen que no tienen conocimiento de los sueldos de los contratados "porque se nos oculta esa información", sostiene José Fuentes, representante de Educación de CC OO en Galicia.
Anxo Louzao, de la CIG, alude también la reivindicación que hicieron "en su día" por el "sistema de acceso de este personal a la función pública". Lozao, como Fuentes, critica el funcionamiento "empresarial" de estos centros "pseudoprivatizados ya, en donde el director tiene potestad casi absoluta para tomar decisiones".
Sin embargo, los sindicatos no están libres de mácula. Los funcionarios -ninguno de los consultados autoriza a publicar su nombre por temor a represalias- recuerdan que los representantes sindicales forman parte, junto con los de la patronal, del consejo social que elige a dedo a los "especialistas" y remiten a las últimas elecciones sindicales en las que estas organizaciones hicieron campaña a favor de la inclusión de los autónomos en los consejos sociales. En Ourense, la CIG alertó de que 26 expertos docentes se encontraban sin trabajo por la reducción de los 41 cursos programados a los tres que se imparten en la actualidad a cargo de funcionarios docentes.
La formación laboral está, en realidad, cuestionada en Galicia desde que en 2001 estalló en los medios que la patronal gallega se valía de facturas falsas para justificar gastos con cargo a fondos europeos y regionales para estos fines. En la contabilidad de la Confederación de Empresarios de Galicia constaban facturas millonarias por servicios que nunca se habían prestado.
En la era de la crisis, Feijóo llegó a anunciar, el pasado abril, la modificación del sistema de estos cursos de formación tras detectar las "elevadas remuneraciones" de los docentes.

Lo que cuesta un fontanero

El pasado 7 de julio, la Consellería de Traballo emitió una orden por la que resolvía readmitir, atendiendo a una sentencia judicial, a los "expertos" demandantes a quienes había dejado de contratar para ahorrar costes. En la lista figura un "electricista de edificios" al que se la asignan 57,75 euros por hora de clase impartida para un curso de 870 horas de duración. Junto a éste, figura un ebanista que imparte un curso de 800 horas al precio de 49,50 euros cada una de ellas.
Otro de los readmitidos es un "mecánico de vehículos ligeros" para enseñar su oficio durante 850 horas a los alumnos al precio de 49,55 euros la hora; un fontanero para enseñar esta práctica a los alumnos a lo largo de 730 horas al precio de 49,50 euros cada una; un "instalador de jardines y zonas verdes" al que se le ingresan 57,75 euros por hora en un curso de 470 horas de duración y un "instalador de climatización" para impartir 500 horas de clases prácticas al precio de 57,75 euros cada una de ellas.
Son solo algunos de los ejemplos de los salarios que perciben los profesionales autónomos contratados por el consejo social que presiden los directores de los centros ocupacionales integrados de FP y que, ahora, bajo la denominación de "maestros de taller", comienzan a convertirse en personal laboral.
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